A partir del miércoles 21 de octubre, seis operadoras de transporte público urbano y rural del cantón Latacunga reducirán entre un 30% y un 40% sus frecuencias diarias debido a la falta de rentabilidad económica. La medida de racionalización, acordada en una asamblea de los transportistas tras varios meses sin respuestas oficiales, contempla además un eventual apagado general de motores si las autoridades locales no resuelven la revisión tarifaria solicitada.
Javier Rocha, representante de las operadoras del cantón, informó que la disposición involucra a 198 unidades pertenecientes a dos compañías urbanas (Sultana del Cotopaxi y Citybus) y a cuatro operadoras rurales: Flota Guaytacama, San Francisco de Mulaló, San Antonio de Aláquez y Belisario Quevedo. De acuerdo con el dirigente, el incremento de los costos operativos obliga a recortar los recorridos: los buses urbanos, que antes realizaban siete vueltas diarias por ruta, pasarán a cubrir únicamente entre tres y cuatro vueltas al día.
El sector sostiene que opera a pérdida por el elevado valor del combustible y la ausencia de una ordenanza municipal que actualice los pasajes. En los estudios técnicos presentados al cabildo se plantearon tres opciones referenciales: una tarifa técnica de 62 centavos, una alternativa socialmente justa de 45 centavos y un piso de equilibrio de 42 centavos. No obstante, Rocha remarcó que estos valores no son vinculantes y que corresponde exclusivamente al Municipio y a la Empresa Pública de Movilidad establecer la tarifa final mediante un estudio oficial.
Asimismo, la dirigencia recordó que las unidades poseen una vida útil legal de 22 años y que resulta imposible renovar vehículos endeudándose con créditos bancarios ante ingresos deficitarios. Esta decisión gremial se adoptó tras agotarse el plazo de 45 días establecido en un documento ingresado el 3 de septiembre, vencido el 18 de octubre sin resoluciones. Los transportistas señalaron que la reducción horaria se mantendrá hasta instalar mesas técnicas jurídicas, advirtiendo que, de persistir el silencio administrativo, suspenderán definitivamente todo el servicio público en todo el cantón.